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Alberto Rivera vive en el número 21 de la calle San Juan. Su casa está literalmente en ruinas. Y en una esquina de su desnivelado salón, cuyas paredes están roídas por la humedad, tiene amontonadas las cajas de una esperanza rota. “Goncava es la constructora que hace unos años compró la finca y todavía no ha hecho nada. Me dijeron en enero que me iban a pagar el alquiler de otra vivienda, mientras arreglaban la mía, pero todavía estamos esperando", explica, desesperado.

Según este vecino, que junto a su mujer y su hija, conviven en esta finca vacía con humedades, filtraciones de agua, escombros, ratas y otros bichos que proceden del pozo, “hemos ganado todo en los tribunales, pero sin abogado y en paro, ya no sabemos qué hacer". Hasta la Delegación Municipal de Salud ya informó de que vivir en esta casa es “nocivo para la salud". (…Más información …)

María del Carmen de Diego no tendrá que abandonar finalmente su vivienda en San Juan, 21 ya que el juez ha desestimado la demanda presentada por Goncava sobre la única inquilina de la casa, después de que ésta recibiera una carta de desahucio con fecha del pasado 5 de junio de 2005.

De Diego comenta que su caso está denunciado tanto en el Ayuntamiento de Cádiz, como en la Asociación de Vecinos Cádiz Centro, en el Juzgado y en la Asociación de Inquilinos, ya que su finca continúa en un estado de infravivienda y las obras que comenzaron en la misma aún están paralizadas. (…Más información …)

Pocas veces un caso de este tipo tiene estas consecuencias. La Asociación de Vecinos Cádiz Centro, recibió hace unos días a una vecina de la calle San Juan 21, que alertada por lo que le estaba ocurriendo fue a solicitar la ayuda de esta entidad vecinal. La finca se encuentra requerida por el Ayuntamiento de Cádiz para que se acometan obras de seguridad, la propiedad lo único que ha hecho es colocar una tapia inestable para taponar la subida a los pisos superiores y una valla para que la única familia que queda en la finca tampoco pueda acceder a los bajos de la misma.

El caso es sumamente curioso, según nos explica María de Diego, vecina afectada, la finca pertenecía a su padre, Manuel de Diego, que fue presidente del Cádiz CF. En el año 2000, De Diego decide vender la finca a Enrique Arroyo y a Antonio Rivas, con una cláusula específica en la que se expresa que la vivienda de María sería arrendada de forma vitalicia, es decir que nadie podría rescindir su contrato hasta que no falleciera. (…Más información …)