Alertan de nuevos conflictos por la política municipal de contratos
La política de contratación del Ayuntamiento sigue en el punto de mira de la oposición. El Partido Socialista vuelve a convertir esta cuestión en el blanco de sus críticas y augura ahora el desencadenamiento de nuevos conflictos laborales. ¿El motivo?: La tendencia generalizada del equipo de Gobierno local a primar la oferta económica de las empresas cada vez que adjudica un servicio externo.
Para la concejala socialista, Marta Meléndez, la apuesta “excesiva” por aminorar los precios está repercutiendo negativamente en las condiciones de trabajo de los empleados. De ahí que tema la proliferación de protestas, como las realizadas recientemente por la plantilla de Limasa (concesionaria de la limpieza en los colegios públicos) o de Arasti Barca (compañía encargada de gestionar las instalaciones del pabellón deportivo Ciudad de Cádiz). “Entonces al Consistorio no le quedará más remedio que intermediar otra vez”, vaticinó la edil.
Meléndez sostiene incluso que la situación ha ido a más en los últimos días, hasta el punto de tornarse “sangrante” y alejarse de cualquier tipo de “cordura”. La gota que ha colmado el vaso, a su entender, viene dada por la contratación del servicio de vigilancia para el Baluarte de Candelaria y para el depósito municipal de vehículos. El primero salió a concurso con un coste ini|cial de 188.000 euros y se otorgó por 158.000 euros, lo que supone una bajada del 16% en la proposición económica. El segundo se licitó por 194.000 euros y terminó asignándose por160.500 euros, es decir, un 17,5% más barato.
Según el PSOE, se trata de diferencias muy abultadas e impropias de estos procesos, lo que respondería al objetivo del Gobierno local de “ahorrar como sea”. En ambos casos, además, la adjudicación ha recaído en la empresa Serramar, de cuya honradez en materia laboral dudan los socialistas. Para ello, se basan en el escrito que los sindicatos UGT y CCOO han enviado al concejal de Personal, José Blas Fernández, donde dan cuenta de las denuncias que ésta tiene interpuestas ante la Inspección de Trabajo y la Policía Nacional por sus “prácticas inadecuadas”. Muchas de ellas relacionadas, según Meléndez, con la vulneración del convenio del sector, al ofertar por debajo del precio-hora establecido.
Por un cambio de baremación
Así las cosas, la edil del PSOE abogó ayer por un cambio de la baremación en los pliegos de condiciones, donde se premia con un 50% de la puntuación “al que ofrezca una propuesta económica más reducida”. Frente a esto, sugirió hacer prevalecer otros criterios, favoreciendo a aquellas empresas “que acrediten que crean trabajo o aumentan su plantilla”.
Sin embargo, tales ideas no gozan del beneplácito del presidente de la mesa de contratación, José Blas Fernández, “quien se limita a contestarnos que esto es lo que hay y que en época de crisis todo vale”, lamentó Meléndez.
Estos argumentos llevan en el PSOE a pensar que el problema económico del Ayuntamiento es, a día de hoy, “más grave de lo que parece”. Y esgrimen como prueba la inexistencia, desde mayo, de consignación presupuestaria relativa al mantenimiento del material de oficina en las dependencias municipales. En palabras de la propia Marta Meléndez, “empieza a descubrirse que lo del superávit y las cuentas saneadas era una hipocresía tremenda”.
José Blas Fernández:
“Nos limitamos a aplicar la ley elaborada por el Gobierno del PSOE”
El concejal del área de Personal y presidente de la mesa de contratación del Ayuntamiento, José Blas Fernández, se mostró sorprendido ayer con las críticas del PSOE, ya que, según dijo, “no se ajustan a la realidad”. El edil popular indicó que el Consistorio se limita a aplicar la Ley de Contratos del Sector Público (30/2007), en cuyo contenido “se especifica el coste de producción como uno de los principales criterios a tener en cuenta”, apostilló convencido.
El munícipe, que recordó cómo la normativa fue elaborada por el actual Gobierno del PSOE, apeló concretamente al artículo 134.2, donde se estipula que “se dará preponderancia a aquéllos que hagan referencia a las características del contrato que puedan valorarse mediante cifras y porcentajes…”
”Beneficio” para la ciudad
De este modo, Fernández consideró “normal” que el Ayuntamiento se decante por las ofertas más baratas. Afirmó que esta circunstancia supone un “beneficio” para la ciudad y negó que fuera en detrimento de sus trabajadores. No obstante, invitó a Meléndez “a denunciar ante el juzgado a la empresa que no pague su salario a la plantilla”, en vez de “lanzar públicamente sospechas por gusto”.
Publicado por Alejandro Massia (Información Cádiz)
