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Un año después del puente de La Pepa y un año antes de la conmemoración del bicentenario de la Constitución de 1812. Ese es el plazo fijado por la consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, María José López, para que el proyecto ayer presentado de la Ciudad de la Justicia sea una realidad. Una propuesta ideada por la unión temporal de empresas Ayala y Carbajal, que pretende ser en 2011 una respuesta «abierta, cómoda, accesible y racional» para la prestación de este servicio público de manera concentrada y no dispersa como hasta ahora.

Como detalló la consejera, sobre el solar de 8.000 metros cuadrados comprendido entre las calles Brunete y Tolosa Latour, está proyectado un edificio de dos alas, de siete y ocho plantas de altura -más un semisótano y tres plantas de sótano-, que tendrá una superficie útil de 25.000 metros cuadrados. Estas dos áreas, interconectadas entre sí pero «independientes», tendrán funciones opuestas. Una de ellas será de «circulación externa», es decir, en ella se instalarán las sedes de colegios profesionales, registros, salas de vistas y de celebración de bodas civiles; y la otra será de «circulación interna», de carácter «restringido», que albergará los despachos de fiscales, jueces y funcionarios, además de ser el lugar de ubicación de calabozos y otras dependencias.

El acceso a la Ciudad de la Justicia se hará a través de una zona diáfana a modo de plaza en la fachada que dará a Brunete, y comprenderá una zona ajardinada en la que se integrará el yacimiento arqueológico aparecido en este enclave y que será visible desde áreas como las salas de vistas, la biblioteca o el salón de actos.

La ejecución de este proyecto precisará de un plazo de 16 meses, siendo la inversión requerida de 48 millones de euros, de los que 2,8 irán destinados a la licitación del proyecto y dirección de obras, a los que se añaden otros 800.000 euros más gastados en los trabajos previos.

Durante este proceso de conversión de maqueta a realidad, será preciso el uso de sedes «puente», como el espacio dispuesto en el estadio Ramón de Carranza, que acogerá los órganos y servicios judiciales ubicados en la Cárcel Real -algunos ya se han trasladado-, y que tiene un coste de 7 millones de euros en concepto de alquiler.

La consejera calificó la jornada de ayer de «especialmente satisfactoria», ya que entendió que cumplía parte del compromiso adquirido justo hace un año de «cambiar» la «precaria» situación de las instalaciones judiciales de la ciudad. Una actuación que no circunscribió en exclusiva a la capital, sino que extrapoló al resto de la provincia, donde como recordó, la Consejería actúa en el 87% de los edificios existentes para su «adecentamiento» y adaptación «coherente» a las necesidades actuales.

En un guiño a su compañero de partido y candidato socialista a la Alcaldía, Rafael Román, la consejera no quiso pasar por alto que fue gracias a su gestión como presidente de la Diputación, durante el anterior mandado, por lo que se consiguió el espacio para esta Ciudad de la Justicia. López ensalzó las «facilidades y colaboración» prestadas por la institución provincial frente a la actitud del Ayuntamiento que, además de «negar» la cesión de suelo alguno, «tampoco tuvo interés en ofrecer otra posibilidad», apostilló.

Desde una de las instituciones directamente beneficiarias de este proyecto, el presidente de la Audiencia Provincial, Lorenzo del Río, valoró este complejo, aunque incidió en que el capítulo más importante, y aún pendiente, es la distribución final que se haga de su interior. Del Río apreció que las ventajas no sólo se medirán desde la perspectiva del usuario, sino que tendrá una dimensión administrativa de ahorro en recursos humanos y técnicos, pero también policiales, ganándose sobre todo en seguridad al tener todas las instalaciones reagrupadas en una sola.

Publicado por Charo Solís (La Voz de Cádiz)