Si había algo claro desde el principio es que las prácticas de los asustaviejas no son ilegales, en cuanto tienen buen cuidado de no vulnerar ninguna ley, pero el acoso en sí existe y es moralmente rechazable. De lo que se está hablando ahora es de concretar ese acoso y ver cómo se le puede combatir política y socialmente. Centrar el debate en la legalidad o no de lo que hacen lleva a no amarrar el problema. La definición que ofrece la antigua delegada de Urbanismo, y hoy abogada de PROCASA, del fenómeno de los asustaviejas como «una serie de incumplimientos contractuales por parte de la propiedad» llevaría a negar la existencia legal de asustaviejas, porque el incumplimiento de esos deberes, que suelen limitarse a mantener en uso la vivienda, son difíciles de probar, y más aún si, como dice, hay que demostrar que «obedecen a un plan concebido destinado a la extinción del contrato», es decir, probar no los hechos sino las intenciones que ocultan.
La relación entre propietario e inquilino es siempre desigual, desde las mismas cláusulas que obligan a unos y otros en los contratos hasta las consecuencias que no cumplirlas les suponen a cada parte: mientras el inquilino va a la calle, al propietario se le obliga a reparar. En esas condiciones, los inquilinos no denuncian por miedo. Naturalmente también existen los inquilinos chantajistas que amenazan al dueño, pero es difícil que el daño que le puedan hacer, a la casa o a su patrimonio, no suponga incumplir alguna cláusula, la extinción del contrato y, ahora sí, su persecución legal. Estas situaciones se conocen. Resulta especialmente grave que una dirigente vecinal como Lucía Núñez asuma como cierto el término de asustadueños pero llegue a dudar de la existencia misma de los asustaviejas por la falta de denuncias formales, un desconocimiento de la realidad a la que se supone representa y un alineamiento contra la parte más indefensa del conflicto del que tendrá que dar cuenta, alguna vez, a sus vecinos. (…Más información …)
