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En su despacho, con el tiempo apremiando entre la junta de gobierno local y una reunión con los representantes de las empresas auxiliares de Zona Franca, José Loaiza defiende la labor de su delegación en las últimas intervenciones de fincas y critica el trabajo de la Junta en materia de rehabilitación de infravivienda. Llegar a tiempo a Zona Franca fue misión imposible; una vecina le interceptó al salir del despacho

—Desde hace meses, son técnicos de Bomberos los que recomiendan el desalojo por la tarde o los fines de semana ¿cree que este sistema está funcionando bien?

—Creo que sí. Bomberos hace una primera inspección y un informe cautelar, después van los técnicos de Urbanismo, que son los que deciden en función de la inspección. Este es un proceso nuevo, y la semana que viene vamos a tener una segunda reunión para la coordinación de estas actuaciones.

—¿Cree que este sistema puede derivar en enfrentamientos entre el Consorcio y Urbanismo?

—No hay ningún enfrentamiento. El único caso que se ha dado es el de Villalobos, en el que las conclusiones de los bomberos no están en la línea de las de Urbanismo. Pero por desgracia para Urbanismo, el Consorcio no tiene arquitectos ahora. La persona que lo ve está capacitada para su labor, pero la profesión que tiene, ingeniero, no es igual a la de arquitecto y los temas de Urbanismo son muy especializados.

—También se dio el mismo caso en Ahumada, 15.

—Allí Bomberos llegó, vio una situación y desalojó; el técnico de Urbanismo vio que la finca estaba en condiciones de seguridad y no ha habido ningún problema.

—En casos como el de Villalobos, 2 ¿a quién tienen que creer los vecinos?

—Entiendo que los vecinos se sientan intranquilos: después de un derrumbe alguien llega y les dice que aquello está mal y después va otro y les dice que está bien. No saben con qué quedarse. Los técnicos de Urbanismo no van a decir que eso está bien bajo su responsabilidad sabiendo que pueden tener un problema; los técnicos se mojan. Actúan con toda la buena intención, para evitar molestias a los vecinos.

—Cuando los vecinos piden el informe sobre la situación de la finca ¿por qué no se le informa de que lo pueden conseguir después en el Ayuntamiento?

—El problema es que la gente quiere que se le dé el papel en el momento. El técnico, una vez que realiza la inspección, emite un informe que va al expediente y ambos están a disposición de los interesados. Cualquier vecino puede acceder al expediente de la finca en la que vive y solicitar copia. Pero el técnico sobre la marcha no hace un escrito y se lo entrega a cada vecino, porque esa no es la forma en la que se desarrolla el procedimiento administrativo; su misión es hacer un informe que va al expediente.

—Los vecinos también han hablado sobre problemas para encontrar alojamiento tras los desalojos ¿se está barajando alguna solución?

—Hace unos días mantuve una reunión con la alcaldesa y el delegado de Asuntos Sociales para tratar este tema. Muchas veces es muy difícil encontrar un alojamiento de alquiler, según en qué época y a qué precio, porque todos los vecinos no pueden pagar determinadas rentas: Asuntos Sociales tiene unas normas muy claras sobre hasta dónde puede llegar su ayuda. El Ayuntamiento, en una cuestión de emergencia, a pesar de que no es de su competencia y no tendría por qué hacerlo, realoja a su cargo a esos vecinos. A veces puede repercutirlo en los propietarios y a veces no, pero el problema viene cuando el desalojo perdura, al intentar encontrar un piso de alquiler que sea económicamente asumible. A veces es difícil encontrar hasta hotel y pensión en el día, sobre todo en verano, pero hasta el día de hoy se está solucionando.

—¿Hay problemas con los pagos a los hostales por parte del Ayuntamiento?

—Que yo sepa no; es más, en el caso de Villalobos uno de los establecimientos que realojó incluso exigió el pago por adelantado.

—Algunos expertos han planteado la posibilidad de que se cree un órgano multidisciplinar para atender a los desalojados ¿qué le parece esta idea?

—Este es un tema muy complicado. La falta de viviendas de realojo, las condiciones de abandono del casco antiguo… aquí nunca se quiere ver que la Junta, que tiene las competencias en vivienda, tiene que responsabilizarse. Se limita a rehabilitar un cuarto de baño y dice que eso es una ayuda, cosa que me parece perfecta para ese cuarto de baño pero que no elimina el problema de la vivienda. Entre las actuaciones que se han visto en la última junta de gobierno no hay ninguna de eliminación de infravivienda, por ejemplo. Las consejerías de Asuntos Sociales y de Obras Públicas tienen que plantearse cómo cooperar con el Ayuntamiento para salvar esta situación. Desde el decretazo del 99, la Junta va por su cuenta y riesgo, no quiere saber nada de los problemas de los vecinos cuando hay un desalojo y lo que les interesa es entregar llaves y hacerse fotos.

—Si el Ayuntamiento expropia Santiago, 11 ¿qué pasará con los que han comprado los pisos?

—Ese es el problema, porque en principio nosotros sólo tendríamos que expropiar por incumplimiento de deberes urbanísticos y la finca estaría libre y expedita para nosotros, porque no hay ningún derecho registral, lo que hay son contratos privados de los que tendría que responder la promotora. Por eso, antes de llegar a la expropiación, Urbanismo va a estudiar muy a fondo en qué condiciones quedarían las personas que tienen derecho de adquisición. Urbanismo tiene conocimiento de que la promotora y los que han comprado los pisos están intentando llegar a alguna solución, pero no con todos, sino con los que tienen más poder adquisitivo. Si se llega a algún acuerdo y se inician las obras, Urbanismo no tendría nada que hacer, se afianzarían las fincas colindantes y los derechos de los que han comprado los pisos estarían resguardados.

Además, si el Ayuntamiento expropia y construye allí, tendrían que ser viviendas sociales; no todos podrían acceder y tampoco sería legal darles preferencia.

Publicado por Ángeles M. Peiteado (Diario de Cádiz)